Una justicia sometida al poder político
------La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el tribunal máximo de la República Argentina, y como tal tiene la última palabra en cualquier diferendo judicial. Actúa en aquellos casos en que se pone en duda alguna sentencia de tribunales inferiores, y tiene potestad para derogar leyes dictadas en el Congreso de la Nación si las juzga contrarias a la Constitución Nacional y sus disposiciones.
------La creación de la Corte quedó dispuesta con la sanción de la Constitución de 1853, estableciendo el número de nueve jueces y dos fiscales para su conformación. Sin embargo, por vaivenes políticos, la misma se constituirá recién el 1 de junio de 1863, quedando integrada por Francisco de las Carreras (Presidente), Salvador María del Carril, José Barros Pazos, José Benjamín Gorostiaga y Francisco Delgado.
------El número de miembros fue una variación constante en la historia. Si bien la Constitución establecía un número de nueve miembros, la primera Corte tuvo cinco jueces, y funcionó así hasta 1958 cuando el presidente Arturo Frondizi promovió por ley el aumento a siete miembros. El presidente de facto Juan Carlos Onganía, diez años después, reduciría la Corte nuevamente a cinco miembros. En la década del 90, la Ley Nº 23.774 dispuso la ampliación de cinco a nueve miembros, siendo los cuatro nuevos integrantes escogidos por Carlos Menem. Ya a partir de 2003 el presidente Kirchner se encargó de remover a los jueces menemistas y promovió una reforma –no del todo clara- del sistema de nombramiento de jueces. Finalmente el 18 de diciembre de 2006 el Congreso de la Nación aprobó le Ley 26.183, por la cual la Corte retorna a los históricos cinco miembros (pero sin remover a los designados, por lo que la composición actual de 7 jueces se mantiene hasta que alguno muera, cumpla 75 años sin ser autorizado por el Congreso para continuar en su cargo o sea removido a través de un juicio político.
------Pero la cantidad de miembros no ha sido la única constante en los vaivenes de la historia de la Corte. Existe una cuestión más grave que ha marcado a la justicia argentina: la imposibilidad de ser independiente frente al poder político. El fin de la independencia de la Corte comenzó el 10 de septiembre de 1930 cuando se emitió una Acordada firmada por todos sus miembros en la que se reconocía al gobierno militar como “gobierno de facto”, declarando como válidos –vale decir legítimos- los actos de gobierno. Desde ese momento los responsables de la justicia argentina supieron acomodar sus fallos a sus intereses personales y a las órdenes o señales que llegaban del poder político.
------En 1943 otra Acordada dio aprobación al golpe de los militares del Grupo de Oficiales Unidos. Ya con Perón en la presidencia fueron sustituidos la totalidad de los miembros mediante juicio político, y la nueva corte – íntegramente peronista- avaló todos los decretos del gobierno militar desde 1943. Otro golpe, la Revolución Libertadora removió de nuevo a todos los jueces remplazándolos por otros fieles a sus intereses. Arturo Illia intentó sin éxito aumentar el número de miembros a diez (después de que Frondizi elevara el número a siete) pretendiendo reservar al presidente la facultad de nombrar al presidente del Alto Tribunal. La Revolución Argentina que derrocó a Illia proclamó que el Estatuto de la Revolución tenía primacía sobre la Constitución. Los jueces, desorientados y debilitados no tuvieron mejor idea que avalar esto mediante una nueva Acordada. Lo mismo sucedió en 1976 cuando el gobierno de Videla declaró a la totalidad de los jueces en comisión (situación por la cual no pueden ejercer sus funciones si no son confirmados por el Ejecutivo) y muchos temerosos, buscando mantener su cómoda situación, juraron fidelidad al Estatuto del PRN y fueron reincorporados. Y la cosa no fue diferente con los gobiernos democráticos de Menem y, ahora, de Kirchner.
------La historia demuestra que la Corte es y ha sido favorable a un gobierno en épocas en que no corren peligro sus cargos. Por el contrario, siempre que un gobierno ha perdido poder y aceptación frente a la sociedad, los jueces se han puesto en contra de quien les dio trabajo y sus fallos han sido contrarias a los intereses del gobierno. Una constante demasiado alejada de los principios de justicia e independencia de poderes establecidos en nuestra Carta Magna y encomendados a la salvaguarda de la Corte.
------El problema de fondo parece no tener solución si el poder político sigue cooptando voluntades en la justicia y si los jueces siguen siendo serviles a sus intereses personales (un puesto como juez en la Corte otorga prestigio, estabilidad y un gran rédito económico) sometiéndose a los gobiernos de turno. Hay algo en peligro: la estabilidad institucional. La imparcialidad de la Corte –lo que implica que sus fallos no dependan de la lógica del poder político sino de la lógica jurídica- garantizaría a los argentinos una justicia sana e independiente.
------La justicia en las condiciones en las que se encuentra actualmente pone en riesgo el funcionamiento del sistema de controles y equilibrios entre los poderes necesario para una democracia estable que se sostenga en el tiempo.
------Las perspectivas parecen no ser buenas, estamos gobernados por un presidente que ha logrado cooptar desde el Congreso, la oposición, los piqueteros, la opinión pública y los medios hasta la mismísima Corte. Dudo que los actuales jueces que la integran dejen de lado su posición pro-kirchnerista y sus fallos favorables al gobierno dado que las encuestas predicen que los destinos del país serán regidos cuatro años más desde la cama del matrimonio Kircher. Me consuela la idea de que esto no será eterno: en algún momento nuestra debilitada democracia nos dará un cambio y los jueces actuales serán removidos y reemplazados por otros nuevos que durarán en la Corte lo que dure el nuevo gobierno.
------El ciclo continúa y parece no detenerse. Mientras tanto la República ultrajada nos pide a gritos medidas urgentes para salvar la estabilidad democrática y evitar la concentración despótica de poder. ¿Habrá una luz de esperanza en el horizonte, o continuaremos con una justicia vilmente sometida a las idas y venidas políticas?. Imposible saberlo. A corto plazo veremos lo que sucede después de octubre.
------La creación de la Corte quedó dispuesta con la sanción de la Constitución de 1853, estableciendo el número de nueve jueces y dos fiscales para su conformación. Sin embargo, por vaivenes políticos, la misma se constituirá recién el 1 de junio de 1863, quedando integrada por Francisco de las Carreras (Presidente), Salvador María del Carril, José Barros Pazos, José Benjamín Gorostiaga y Francisco Delgado.
------El número de miembros fue una variación constante en la historia. Si bien la Constitución establecía un número de nueve miembros, la primera Corte tuvo cinco jueces, y funcionó así hasta 1958 cuando el presidente Arturo Frondizi promovió por ley el aumento a siete miembros. El presidente de facto Juan Carlos Onganía, diez años después, reduciría la Corte nuevamente a cinco miembros. En la década del 90, la Ley Nº 23.774 dispuso la ampliación de cinco a nueve miembros, siendo los cuatro nuevos integrantes escogidos por Carlos Menem. Ya a partir de 2003 el presidente Kirchner se encargó de remover a los jueces menemistas y promovió una reforma –no del todo clara- del sistema de nombramiento de jueces. Finalmente el 18 de diciembre de 2006 el Congreso de la Nación aprobó le Ley 26.183, por la cual la Corte retorna a los históricos cinco miembros (pero sin remover a los designados, por lo que la composición actual de 7 jueces se mantiene hasta que alguno muera, cumpla 75 años sin ser autorizado por el Congreso para continuar en su cargo o sea removido a través de un juicio político.
------Pero la cantidad de miembros no ha sido la única constante en los vaivenes de la historia de la Corte. Existe una cuestión más grave que ha marcado a la justicia argentina: la imposibilidad de ser independiente frente al poder político. El fin de la independencia de la Corte comenzó el 10 de septiembre de 1930 cuando se emitió una Acordada firmada por todos sus miembros en la que se reconocía al gobierno militar como “gobierno de facto”, declarando como válidos –vale decir legítimos- los actos de gobierno. Desde ese momento los responsables de la justicia argentina supieron acomodar sus fallos a sus intereses personales y a las órdenes o señales que llegaban del poder político.
------En 1943 otra Acordada dio aprobación al golpe de los militares del Grupo de Oficiales Unidos. Ya con Perón en la presidencia fueron sustituidos la totalidad de los miembros mediante juicio político, y la nueva corte – íntegramente peronista- avaló todos los decretos del gobierno militar desde 1943. Otro golpe, la Revolución Libertadora removió de nuevo a todos los jueces remplazándolos por otros fieles a sus intereses. Arturo Illia intentó sin éxito aumentar el número de miembros a diez (después de que Frondizi elevara el número a siete) pretendiendo reservar al presidente la facultad de nombrar al presidente del Alto Tribunal. La Revolución Argentina que derrocó a Illia proclamó que el Estatuto de la Revolución tenía primacía sobre la Constitución. Los jueces, desorientados y debilitados no tuvieron mejor idea que avalar esto mediante una nueva Acordada. Lo mismo sucedió en 1976 cuando el gobierno de Videla declaró a la totalidad de los jueces en comisión (situación por la cual no pueden ejercer sus funciones si no son confirmados por el Ejecutivo) y muchos temerosos, buscando mantener su cómoda situación, juraron fidelidad al Estatuto del PRN y fueron reincorporados. Y la cosa no fue diferente con los gobiernos democráticos de Menem y, ahora, de Kirchner.
------La historia demuestra que la Corte es y ha sido favorable a un gobierno en épocas en que no corren peligro sus cargos. Por el contrario, siempre que un gobierno ha perdido poder y aceptación frente a la sociedad, los jueces se han puesto en contra de quien les dio trabajo y sus fallos han sido contrarias a los intereses del gobierno. Una constante demasiado alejada de los principios de justicia e independencia de poderes establecidos en nuestra Carta Magna y encomendados a la salvaguarda de la Corte.
------El problema de fondo parece no tener solución si el poder político sigue cooptando voluntades en la justicia y si los jueces siguen siendo serviles a sus intereses personales (un puesto como juez en la Corte otorga prestigio, estabilidad y un gran rédito económico) sometiéndose a los gobiernos de turno. Hay algo en peligro: la estabilidad institucional. La imparcialidad de la Corte –lo que implica que sus fallos no dependan de la lógica del poder político sino de la lógica jurídica- garantizaría a los argentinos una justicia sana e independiente.
------La justicia en las condiciones en las que se encuentra actualmente pone en riesgo el funcionamiento del sistema de controles y equilibrios entre los poderes necesario para una democracia estable que se sostenga en el tiempo.
------Las perspectivas parecen no ser buenas, estamos gobernados por un presidente que ha logrado cooptar desde el Congreso, la oposición, los piqueteros, la opinión pública y los medios hasta la mismísima Corte. Dudo que los actuales jueces que la integran dejen de lado su posición pro-kirchnerista y sus fallos favorables al gobierno dado que las encuestas predicen que los destinos del país serán regidos cuatro años más desde la cama del matrimonio Kircher. Me consuela la idea de que esto no será eterno: en algún momento nuestra debilitada democracia nos dará un cambio y los jueces actuales serán removidos y reemplazados por otros nuevos que durarán en la Corte lo que dure el nuevo gobierno.
------El ciclo continúa y parece no detenerse. Mientras tanto la República ultrajada nos pide a gritos medidas urgentes para salvar la estabilidad democrática y evitar la concentración despótica de poder. ¿Habrá una luz de esperanza en el horizonte, o continuaremos con una justicia vilmente sometida a las idas y venidas políticas?. Imposible saberlo. A corto plazo veremos lo que sucede después de octubre.
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