LEY DEL TUERTO

El Tribuno - 04-Oct-09 - Opinión

"Una ley a medida de Kirchner"

por Sonia Escudero
Senadora nacional por Salta

Con la pomposa invocación de la defensa de la libertad de expresión y la pluralidad de voces, y con títulos rimbombantes como "ley de la democracia", en realidad lo que se quiere instaurar es un monopolio estatal que impondrá una visión oficial y única de la realidad argentina.

Esta lógica del matrimonio presidencial no es nueva, pues de la misma manera se comportaron ante el INDEC: como las estadísticas no eran favorables, se inventaron unas nuevas. Hoy, que las noticias no les gustan, pretenden hacer lo mismo.

En los fundamentos del proyecto se habla de "legislación moderna", se habla de "acompañar el salto tecnológico", se habla de "diversidad de contenido". Sin embargo, del texto del articulado surgen una serie de restricciones arbitrarias a las señales por cable que no tienen antecedentes en el mundo. De esta manera, se coarta la libertad del usuario de elegir que ver, pues sólo los canales estatales van a poder conformar redes a nivel nacional.

En los fundamentos se habla de "desconcentrar y democratizar la propiedad de los medios". Sin embargo, no era necesario crear una nueva ley para lograr esto: la normativa actual tiene claros límites acerca de la cantidad de licencias que puede tener cada grupo empresario (24 en total según el art 43 de la ley 22.285). También tenemos la ley de defensa de la competencia Nº 25.156 que en sus artículos 4 y 7 establece cuándo una empresa tiene una posición dominante y prohíbe las concentraciones económicas que puedan perjudicar la competitividad.

Es por eso que sostengo que en realidad lo que se intenta imponer con este proyecto es un monopolio estatal: el estado se va a reservar un tercio del espectro y va a reservar igual proporción para las "organizaciones sin fines de lucro". Éstas estarán exentas de la mayoría de las restricciones, y por ejemplo no deberán demostrar el origen de sus fondos. Las empresas privadas se van a encontrar sometidas, entonces, a una competencia desleal: van a tener que ejercer su actividad frente a organizaciones subsidiadas por el mismo Estado. ¿Esta es la pluralidad de voces que estamos buscando?

La combinación de una autoridad de aplicación con fuerte presencia del Poder Ejecutivo nacional con amplias competencias en regulación otorgamiento de licencias y aplicación de sanciones de caducidad, se constituirá en un aparato que actuará como una suerte de mordaza de los medios y de la libertad de expresión.

En el año 2005 el ex presidente Néstor Kirchner firmó el decreto 527/05, donde suspendió por 10 años el transcurso de los plazos de las licencias. Los fundamentos de esta excepcional medida aludían a que los medios de comunicación habían sido uno de los sectores más afectados por la intensa recesión sufrida, y que necesitaban "un horizonte de previsibilidad que involucre los plazos mínimamente necesarios para recomponer su situación económico-financiera".

Esta suspensión de los plazos se hizo bajo una condición: la inversión en tecnología. Nos encontramos hoy, entonces, bajo la triste paradoja de que quienes cumplieron y apostaron por volcar sus recursos en el país, generar fuentes de trabajo genuino, hoy se quedan sin el derecho de poder seguir prestando el servicio. Esta afectación a la seguridad jurídica, al principio de irretroactividad de la ley y al respeto de las reglas de juego se traducirá directamente en el aumento de la fuga de capitales, y en el desestimulo de la inversión. Fenómeno que no ha parado de crecer en los últimos meses.

En el año 2008 se fueron del país más de 23.000 millones de U$S, cifra comparable sólo con la sangría de capitales que sufrió la Argentina en la crisis de 2001. Pero, lo más llamativo es que la mayor salida de recursos no se produjo en el período en donde la crisis financiera internacional tocó su pico (la quiebra del banco Lehman Brothers en septiembre del año pasado), sino que la generamos nosotros mismos. En el trimestre del conflicto del campo se fugaron de la Argentina unos 8.400 millones de dólares. En los últimos tres meses del año, cuando se conoció la nacionalización del sistema de pensiones de AFJP, se fugaron otros 6.600 millones.

Por todo esto creo que es claro que ante tanta prisa patriótica que nos empuja a discutir esta ley, sigo pensando que en materia de libertad de expresión la mejor ley es la que no se escribe.