INVERSIÓN

La Nueva Provincia - 02-Nov-08 - Opinión
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PUERTAS ADENTRO
Qué pasará con la inversión en Argentina

por Eugenio Paillet
El Fondo Monetario Internacional ha decidido dejar afuera a la Argentina de su gigantesco plan de salvataje de países emergentes que puedan sentir los efectos de la crisis financiera global. El juez neoyorquino Thomas Griesa dispuso el congelamiento de más de 2.554 millones de dólares de las administradoras privadas de jubilación depositados en bancos norteamericanos que el gobierno pensaba repatriar para incorporar a sus arcas, por un reclamo de bonistas en default. El jefe del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero le ha reclamado nomás a su par argentina en El Salvador por el destino de las inversiones españolas en nuestro país, amenazadas por rumores de olas estatizadoras y otras yerbas por el estilo.

Hace algunas horas, un amigo de la casa como es el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, criticó sin detenerse en eufemismos la ley de eliminación de las AFJP que contra viento y marea impulsa el matrimonio Kirchner. Y el viernes una de las más prestigiosas calificadoras de riesgo de países en problemas le bajó la nota a la Argentina ante la presencia de un escenario local donde podría "darse una desaceleració n debido a los shocks negativos externos y domésticos". Un tecnicismo que no oculta una advertencia para sus clientes: que el riesgo de invertir por estas tierras se ha incrementado considerablemente.

¿Por qué el mundo se iba a condoler con un país cuya pareja gobernante, autista y soberbia, maltrata la propiedad privada y amenaza las inversiones, y hasta se burla de las desgracias ajenas sin el menor rapto de pudor como hizo la presidenta Cristina Fernández?

La destemplada afirmación del mandamás del FMI, que precisó que nuestro país se queda afuera del plan de salvamento de 150.000 millones de dólares porque "no califica", no es otra cosa que decirle a nuestros gobernantes que no son confiables a los ojos de aquellos organismos que están dispuestos a poner plata allí donde haga falta para empinarse sobre los coletazos de la explosión de la burbuja norteamericana. No ha sido una buena propaganda justamente la decisión apurada y cerrada al análisis previo del gobierno de manotear cien mil millones de pesos de las administradoras de fondos de pensión. No lo ha sido además porque si algo ha logrado la globalización es la velocidad de las comunicaciones. Allá saben tanto como acá en cuestión de segundos que el objetivo del gobierno no es cuidar la plata de nuestros abuelitos, como insiste en plan lastimero y electoralista el ex presidente Néstor Kirchner, sino el de utilizar esos fondos para saldar deuda y evitar un nuevo default, hacer obra pública para gobiernos provinciales o comunales amigos, y aumentar el gasto político en épocas de campaña como la que ya se ha iniciado con la mira puesta en las legislativas del año que viene.

Debería sincerarse Kirchner ante ese auditorio de aplauso fácil que le acercan los reyes del clientelismo en el conurbano bonaerense y decirles que el país no podrá acceder a esos créditos para tiempos de crisis del Fondo porque la Argentina no acepta un monitoreo previo --necesario y lógico en cualquier operación donde se requiere una garantía de pago del deudor-- de los técnicos del organismo. Y en todo caso, ¿quién necesita de esos créditos, dirían campantes en las alcobas de Olivos, si tendrán a mano 15 mil millones al año provenientes de la estatización de las jubilaciones para administrar a su antojo?

Penosamente, la Argentina se convierte una vez más en la escena mundial en la mala de la película. Y no por culpa de los sufridos ciudadanos que padecen por estas horas galopantes índices de inseguridad, aumento del desempleo y la pobreza y el destrato del gobierno hacia quienes en forma abrumadoramente mayoritaria decidieron hace apenas un año, y por pedido de la propia administració n kirchnerista, seguir afiliados a la jubilación privada.

Abrumado por la ola de críticas que levantó el proyecto aquí y en el exterior, el matrimonio gobernante echó mano a un argumento pueril para intentar calmar las aguas. Cristina dijo en la cumbre de El Salvador y Néstor lo repitió en un mitin político de Florencio Varela que el gobierno no le saca la plata a los jubilados del sistema privado sino que se ha decidido a administrarlos bajo la orbita estatal. Es de esperar que no hayan tenido que gastar dineros públicos para pagarle al gurú que, cuentan en los mentideros, les acercó la brillante idea. Con la misma lógica habría que decirle a los Kirchner que si todo es lo mismo y nada cambia, entonces dejen la plata de los jubilados privados en donde está ahora, que es donde sus dueños eligieron que sea administrada.

Con concesiones, tal vez más de forma que de fondo, el gobierno tendrá finalmente su ley de eliminación de las AFJP. Las amenazas apocalípticas de Elisa Carrió o las promesas de una oposición dura del bloque radical no alcanzan a estas alturas para impedir lo que está a la vista. Agustín Rossi llevó a Olivos esta semana dos mensajes: uno en tono de advertencia. Dijo a la pareja que deberán aceptar correcciones al texto original si no quieren sufrir tropiezos como los que ocurrieron durante el tratamiento de las retenciones móviles. Ese punto está acordado, con matices, porque al mismo tiempo los bloques de la oposición no han demostrado mayor empuje que el que ocurre cuando se sientan delante de los medios para arrancarle al oficialismo modificaciones drásticas, sino el retiro liso y llano del proyecto, como pide Patricia Bullrich desde la Coalición Cívica. El otro mensaje es más tranquilizador. El conteo de votos propios, ajenos y hasta dudosos, le permitió a Rossi casi asegurar que el gobierno obtendrá el jueves la media sanción en Diputados. Otro cantar será en el Senado, pero allí nadie se imagina mayores inconvenientes, o escenarios apocalípticos como los de julio pasado. Al menos ese es el panorama que transmiten cerca de José Pampuro.

Hoy hasta en algunos despachos de la oposición en el Parlamento se acepta con resignación que los Kirchner tendrán su ley. ¿Y después qué? Quedará como premio consuelo el hecho de comprobar que efectivamente el gobierno apuró esa ley de gallos y medianoche porque se ha quedado sin fondos y necesita raspar la lata en alguna parte para afrontar los compromisos de la deuda. El concepto habilita de inmediato una abrumadora sospecha: la idea de que los Kirchner irán cada vez por más en su política de apropiación de lo ajeno cada vez que necesiten llenar de nuevo la caja.

Una de las características de la larga gestión kirchnerista en la Casa Rosada es que siempre ha corrido detrás de los acontecimientos. Ahora descubrieron, aunque todo tiene tufillo a calculado oportunismo político, que hay problemas de inseguridad. La primera consecuencia ha sido que un insólito ministro de este gobierno, que en cualquier país serio ya hubiese sido mandado a su casa, ha dejado de decir que la ola de crímenes y asaltos que abruma a la sociedad es una sensación térmica que transmiten los medios opositores al oficialismo.

En medio de esa fatal seguidilla en la que cayeron civiles, gendarmes y policías, se mezcló una disputa entre el gobierno y los jueces, por un lado, y también aparecieron grietas en la relación entre el matrimonio y el gobernador Daniel Scioli. Cristina se acordó ahora, cargada de la responsabilidad de cualquier gobernante por los dramas de inseguridad que viven quienes la votaron y quienes no lo hicieron, que mientras la policía encarcela, los jueces liberan a delincuentes que después salen y otra vez matan, roban y violan. El juez de la Suprema Corte, Ricardo Lorenzetti, ha dicho que no es cierto que la justicia sea "una puerta giratoria". Defendió las necesarias garantías de que deben gozar quienes son acusados por delitos hasta que no sean condenados, pero le puso un freno a aquella queja presidencial. El gobierno pega al voleo siempre que se trata de salir de una posición forzada, como la que ocupa ahora en una escena que da pavor de sólo mirar la estadística diaria. No lo hizo por cierto de la mejor manera, y Lorenzetti se lo acaba de enrostrar.

Operadores políticos del gobernador Scioli han negado desde el vamos que el mandatario se encuentre embarcado en una estrategia de diferenciació n de la Casa Rosada. Scioli lo dice con todas letras públicamente cada vez que tiene oportunidad. Pero reclamó días atrás una ley para bajar la edad de imputabilidad de los menores que causó escozor en el despacho presidencial. Quejas de la secretaría de Derechos Humanos, y de organismos afines aliados de la Casa Rosada, se hicieron escuchar de inmediato tras aquella propuesta, aseguran confidentes del poder. No es endureciendo las leyes sino haciendo cumplir las que ya existen como se va a salir de la ola de violencia, le respondió casi textualmente y sin emisarios Cristina Fernández. Un disparo que también sonó en dirección de la Justicia. Lo mismo repitió Kichner el jueves, en sintonía con aquella tónica de apuntalar con sus propias palabras los dichos de su esposa, que parece imperar ahora en la estrategia comunicacional del matrimonio.

¿A Scioli se refirió Aníbal Fernández, un viejo enemigo del gobernador, cuando trató de "charlatanes" a quienes piden endurecer las leyes, durante un acto en la Policía Federal? Cerca del quilmeño solo dijeron que era de "libre interpretació n" el destinatario de ese misil. Pero no dio la impresión de que hablara del falso ingeniero Juan Carlos Blumberg.

Con todo, queda la impresión que el gobierno de Cristina Fernández ha actuado otra vez por espasmos, preocupado por los efectos electorales que pueda tener la pavorosa ola de crímenes y violencia en una sociedad escaldada por esa tragedia cotidiana. Y lo hizo además con papeles en la mano, como las encuestas que acaba de recibir en las que por primera vez en mucho tiempo, los encuestados han repuesto en el primer lugar de sus preocupaciones, por encima de la inflación, el desempleo o la corrupción estatal, el drama de la inseguridad.